A pesar de su enorme potencial como recurso energético, la leña obtenida con la poda es un recurso escasamente explotado en toda Europa, y es que para su entrada al mercado energético es imprescindible facilitar soluciones prácticas al alcance de los agentes del sector (propietarios, cooperativas, agentes logísticos y consumidores finales) que hagan de la logística un proceso sencillo, económico y sostenible.

Algunos estudios apuntan a que en Europa las operaciones de poda generan al año más de 25 millones de toneladas de ramas de frutal, vid y olivo, de las cuales casi el 45% se producen en España. De acuerdo a los Planes de Energías Renovables de los países miembros, Europa necesitará aumentar el consumo de biomasa sólida en cerca de 50 Mtep de energía hasta 2020, pudiendo aportar las podas de cultivos permanentes hasta una quinta parte de dicho objetivo de manera sostenible.

No obstante, las podas constituyen un recurso de biomasa escasamente utilizado en comparación con otros recursos ampliamente utilizados (como la paja de cereal o los residuos forestales). El principal obstaculo a superar es la complicada cadena logística debido a la diversidad de cultivos y marcos de plantación; la limitada producción de biomasa por hectárea; así como, en muchos casos el reducido tamaño de las parcelas y su dispersión en el territorio.

Actualmente apenas se aprovecha una pequeña parte del recurso con fines energéticos como leña en el ámbito rural. Las prácticas más comunes para su gestión son, bien la quema controlada en campo, o bien el picado para la incorporación en el suelo con el fin de mejorar sus propiedades. Estas labores conllevan un coste asumido por el agricultor, y, en el caso de la quema, un riesgo para la propagación de incendios.

Por suerte algo está cambiando: cada vez hay una mayor concienciación sobre la oportunidad que supone el uso energético de la poda para generar empleo y desarrollar el entorno rural, así como la capacidad de  introducir un nuevo biocombustible sólido en el mercado y reducir los incendios forestales. De hecho, los mecanismos de la Política Agraria Común (PAC) comienzan a promover el uso de los residuos agrícolas para energía. Así, por ejemplo, en España desde 2012 existe un programa de incentivos para agricultores del sector de los frutos secos para evitar la quema de residuos de poda fomentando su recogida con fines energéticos.